Autora: Dra. María Victoria Bonastre Paredes
La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico o psicológico. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el término se utiliza “para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género”, constituyéndose en una violación de los derechos humanos.
La violencia de género presenta diversas características diferentes a otros tipos de violencia interpersonal, y normalmente se la asocia a la violencia contra la mujer, aunque no son sinónimos. La violencia doméstica es un término más restringido que, aunque está íntimamente relacionado, incluye la violencia “en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos” , y donde se incluyen además de las mujeres, a niños, ancianos e inclusive varones.
Para algunos juristas ambos términos son “confusamente utilizados en gran parte de los estudios jurídicos e incluso de las leyes o normas que se han encargado de su regulación”. Algunas investigaciones utilizan “violencia de género en el espacio familiar” con el fin de diferenciarla.
Un reciente artículo en un diario médico informa que la violencia de género está infradiagnosticada, ya que el 24% de mujeres ha sufrido abusos y el 60% preferiría relatar el problema a su médico antes que a la policía o a servicios sociales.
Una de cada cuatro mujeres mayores de 16 años (el 24,2 %) reconoce haber sufrido violencia física (19,6 %) y/o sexual (13,7 %) en algún momento a lo largo de su vida y el 85 % de ellas la ha sufrido en varias ocasiones. Además, un 25,4 % ha sufrido violencia psicológica de control, un 21 % violencia psicológica emocional y un 10,8 %, violencia económica.
Estos datos surgen de la Macroencuesta de Violencia de Género en España realizada en el año 2015, cuya realidad deja claro que sigue infradetectada, puesto que se estima que se tardan todavía entre 5 y 10 años hasta que se tiene conocimiento del maltrato que está sufriendo una persona desde que éste comenzó. Un periodo complejo en el que la propia mujer muchas veces no es consciente del maltrato sufrido y en el que, a veces, todavía no hay síntomas de violencia física o lesiones, pero sí existe ya violencia psicológica y los primeros síntomas que podrían ayudar a detectar el problema.
La OMS considera la violencia de género “un problema de salud pública, que afecta de lleno al bienestar y salud de quienes la sufren y que precisa, por tanto, la implicación del médico». Esta consideración queda corroborada con los datos de la macroencuesta en la que muestran que el 78
% de quienes la han sufrido afirman que afectó profundamente a su estado de salud físico o psíquico y, mientras que el 68 % de las mujeres que no han sufrido violencia dicen tener un estado de salud bueno o muy bueno, esta cifra desciende hasta el 54 % en el caso de quienes sí la han sufrido.
Sus síntomas se multiplican, con prevalencias de dolores de cabeza del 54% entre quienes reconocen haber sufrido violencia de género frente a sólo el 39 % entre las que no la han padecido. El insomnio afecta a más del 50% de las maltratadas alguna vez en su vida, frente al 36 % de mujeres que no han sido maltratadas y refieren este mismo problema. Y lo mismo ocurre con los dolores de espalda, la ansiedad, la fatiga permanente.
Las sociedades de atención primaria se preguntan qué puede hacer el médico desde la consulta, desde esa posición privilegiada que tiene para detectar antes los casos de violencia de género. El diagnóstico es común: ya hay protocolos claros de actuación ante una sospecha pero haría falta mayor implicación del médico, un cribaje poblacional, más formación y recursos, según coinciden en señalar los responsables de las tres sociedades de atención primaria: Semergen, Semfyc y SEMG.
El pacto de Estado contra la violencia de género que se está gestando en el Congreso y Senado, según ha comentado Carlos San Martín, coordinador del Grupo de Trabajo de Sexología de Semergen:
«debería incluir el compromiso político por la formación e información, pero también dotar económicamente a la ley recuperando el presupuesto perdido, que permita el apoyo logístico que hace falta una vez se detecta un caso».
Así pues, expertos en este asunto coinciden en declarar que la violencia de género es un problema de salud pública en la que ya existen buenos protocolos pero falta formación y medios económicos y en la que los recursos están desaprovechados.
Las sociedades de atención primaria consensúan en que sería necesario terminar de sensibilizar y formar al médico para realizar un cribado poblacional de violencia de género con preguntas sencillas que puedan ayudar a decidir si debe activarse el protocolo de sospecha. Entre otras cuestiones, por la infradetección del problema que existe si se tiene en cuenta que incluso entre las mujeres que sí han sido capaces de identificar que están siendo sometidas a violencia de género, la denuncia es muy escasa. Los datos de la macroencuesta muestran que sólo el 28,6 % de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual o miedo a su pareja o expareja han acudido a la policía o al juzgado y que, incluso entre quienes llegaron a denunciar (ellas u otra persona en su nombre), el 27 % continuó con la relación de pareja pese a haberse presentado ya la denuncia, lo que deja clara la situación de vulnerabilidad ante posibles nuevas agresiones o la continuidad de la violencia psicológica. Entre las razones que animan a un cribado poblacional en primaria para detectar maltrato figura también la constancia del alto grado de satisfacción de las víctimas con la actuación de los servicios sanitarios y de los médicos cuando han acudido en busca de ayuda. La macroencuesta de violencia de género muestra que el 80 % de las víctimas que acudieron a un médico en busca de ayuda se mostraron bastante o muy satisfechas con la actuación de este servicio, muy por encima del grado de satisfacción que demostraron con otros servicios como los prestados por ONG, psicólogos o servicios legales (70 % de satisfacción) o los servicios sociales (64 % de satisfacción). A esto hay que añadir la necesidad de actuar de forma temprana para evitar el riesgo de maltrato infantil que con frecuencia acompaña a estos casos de violencia de género. Los datos de la macroencuesta muestran que entre las mujeres que reconocieron haber sufrido violencia física o sexual y que tenían hijos en aquel momento, el 63 % de los niños presenciaron esos episodios y otro tanto reconocieron que sus hijos sufrieron también la citada violencia. Las sociedades, con todo, recuerdan que deben respetarse en cualquier caso “los tiempos de la mujer” en el reconocimiento de la situación de violencia y la denuncia.
